¿A quién beneficia la Subvención del Combustible en Bolivia? Primera parte.

Por: Alfredo Colque Machicado.

Mucha gente en Bolivia cree que la subvención de combustibles beneficia a los más pobres y ellos sin estar bien informados se aterran solo de escuchar que alguien como yo proponga que la misma se elimine porque creen que esto les perjudicaría, pero no es así y hoy lo voy a demostrar, para ello, lo primero que debemos dejar bien establecido es que esta ayuda estatal NO beneficia a la mayoría de los bolivianos, al contrario los perjudica ya que la mayor parte de este combustible subvencionado está destinado a mantener actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y la importación de autos chutos, pero también para el contrabando como sucede con la gasolina que es sacada a Brasil, Perú y Argentina.

Todo en complicidad, digo a vista y paciencia de autoridades y funcionarios de la Aduana, el Ministerio Publico, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Policía y el Ejercito y como no, si ellos saben que es un negocio multimillonario, que solo beneficia a mafias delincuenciales bien organizadas, las mismas que pareciera tienen la protección del Estado, digo esto, porque estas autoridades del Gobierno Nacional no solo no hacen nada para evitar que estos combustibles subvencionados lleguen a sus manos, sino que además les brindan protección, al extremo que estas actividades ilegales crecen cada día sabor sabor, digo más y más, pero a un enorme costo económico que desangra las arcas del Estado.

Ojo que esta política de subsidio a los carburantes en Bolivia no es nada nuevo, data desde julio del año 2000 durante el Gobierno de Hugo Banzer, quien por Decreto decidió congelar los precios de los carburantes (diésel oíl Bs. 3,72 gasolina Bs. 3,74 y Gas Licuado de Petróleo Bs. 22,50), medida que afecta a los ingresos del país y que la misma se mantiene inalterable hasta hoy desde ese entonces y así continua después de 23 años, pese al intento de modificación de los ex Presidentes Carlos D. Mesa (2004) y Evo Morales (2010), quienes tuvieron que recular por miedo a las presiones sociales.

Esta medida de carácter populista le ha costado al país la friolera suma de 59,771 millones de bolivianos, aproximadamente unos 8.500 millones de dólares (2000-2022), equivalente al 5.5 por ciento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB), dinero que podría haber sido utilizado para mejorar la calidad de vida de una gran mayoría de los bolivianos, pero no sucedió así, porque más de la mitad de todo este dinero fue y todavía está siendo destinado a financiar actividades ilegales multimillonarias que utilizan combustibles subvencionados, afectando cada vez más el poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de los bolivianos, así como también de todas las actividades legales de nuestro país, sobre todo del sector agropecuario, agroindustrial, industrial y transporte.

Sin embargo, poco o nada de eso le interesa al actual Gobierno del MAS que está 17 años en el poder, sosteniendo una economía de fantasía, gracias a la renta por la explotación de los recursos naturales que como en anteriores gobiernos se vende solo como materia prima y no con valor agregado (industrializado) como sucede en otros países donde no existe este tipo de políticas de corte populista como la subvención que no beneficia a gran parte de los  bolivianos, sino solo a un grupo reducido de políticos y empresarios corruptos que lucran con la necesidad y desgracia de la mayoría de los bolivianos, la que explicaremos con más detalle en la segunda parte de esta columna de opinión.