Por. Alfredo Colque Machicado*
Es de conocimiento público que el Gobierno Departamental de Tarija en su “noble y desinteresado” afán de reactivar la economía de Tarija, presento el Decreto Departamental 013/2016, como alternativa para salir de la crisis económica que vivimos todos, sobre todo el pueblo. Uno de los objetivos de este decreto propone reactivar las empresas públicas como SETAR y EMTAGAS, con el fin de incrementar los recursos financieros para ampliar supuestamente la cobertura de los servicios públicos que brindan estas empresas y según estas autoridades la única manera de cumplir con esto, será con capitales privados, bajo la figura de Participación Público-Privada (PPP).
Sin embargo el objetivo del proyecto de Participación Público-Privada (PPP) presentado por el Poder Ejecutivo es contrario al desarrollo de una actividad económicamente sustentable y al pleno empleo, que busca profundizar más aun las políticas de desregulación (suprimir las normas que dirigen y controlan una actividad económica), allanando el camino para las privatizaciones de empresas proveedoras de servicios públicos.
En este tipo de políticas el sentido siempre es el mismo: el del Estado “facilitador”, preparando el terreno de juego a los empresarios. El proyecto de Participación Público-Privada (PPP) implica plasmar por medio de un decreto las promesas del Ejecutivo Departamental de reactivar la economía tarijeña, privilegiando solo a un sector, el privado, sin que importe el costo, o que el mismo se cargue a los bolsillos de la gente.
Pero a pesar de que los funcionarios del actual gobierno departamental como el Secretario de Hidrocarburos y Energía, plantean incansablemente en sus discursos de que esta norma de reactivación económica busca simplemente modernizar las empresas públicas de servicios básicos, bajo el argumento de que los procesos en los que intervenga el Estado sean “participativos”, esta propuesta de reactivación económica en lo que respecta a la Participación Público-Privada (PPP) expresa todo lo contrario. No contempla la obligación del ejecutivo departamental de buscar otros mecanismos para sacar del atolladero a estas empresas públicas que se hunden cada día más en el fango de la incapacidad y la corrupción, y solo plantean la posible “privatización” como única solución bajo la cortina de modernización beneficiando a un pequeño grupo de empresarios, condenando el futuro de la ciudadanía tarijeña.
De hacerse realidad esto que hoy estoy alertando a la ciudadanía, uno de los aspectos más preocupantes de esta normativa, es que atenta contra la soberanía económica de la familias tarijeñas a través de la lesiva cláusula de subrogaciones de carácter temporal. Además, se les garantiza a los privados una “utilidad razonable”, lo que permitiría que apliquen sus criterios de rentabilidad empresarial a los bienes de dominio público, (a menor esfuerzo mayor rentabilidad), es decir tarifas elevadas de servicios públicos, por lo tanto esta mentira de modernizar es “un mecanismo que habilitará acordar beneficios extras y ventajas competitivas a grupos privados privilegiados”.
De avanzar con esta idea del gobierno departamental de “modernizar”, las empresas departamentales de servicios públicos, como SETAR Y EMTAGAS, queda claro cuál será el saldo de beneficiarios y perjudicados.
Sin embargo hay algo que también debería preocuparnos, y es que el silencio cómplice de los trabajadores de estas empresas públicas, así como los representantes de las instituciones cívicas y sociales como el Comité Cívico Departamental Pro intereses de Tarija y la FEDJUVE deja mucho que desear y es que hasta la fecha no han expresado su posición respecto a una inminente privatización de las únicas empresas tarijeñas, será que no conocen sobre las nefastas consecuencias de estas intenciones o definitivamente los sindicatos de trabajadores y los dirigentes cívicos y vecinales ya fueron engañados con el bozal del soborno, “a veces el silencio forzado es la vos más fuerte de la injusticia”.
En síntesis, ese discursito mentiroso de modernizar las empresas departamentales de servicios públicos, como SETAR y EMTAGAS lleva el fantasma de la privatización, igual que en el pasado, cuando la fábrica de cemento el Puente, el Hotel Prefectural, la fábrica de aceite, o de vidrio, entre otros, fueron privatizadas, con el mismo pretexto de modernizar esas empresas públicas, hoy se pretende hacer lo mismo al dotar de abiertas prerrogativas a los inversores privados, bajo la cortina de Participación Público-Privada (PPP) y someter al Estado, en este caso al Gobierno Departamental a la pérdida de herramientas indispensables para reducir la pobreza y asegurar el bienestar general de la población al dotarlos de servicios que son un derecho constitucional, pero lo que es peor castigar así la economía de las familias tarijeñas, con esta mentira de modernizar o mejor dicho privatizar SETAR y EMTAGAS.
* Economista Máster en Economía del Gas y Petróleo
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